jueves, 3 de septiembre de 2026
El Vespertino
México

Advierten riesgo de desalojo en disputa territorial entre Chiapas y Oaxaca

La CEDH alerta sobre posibles desplazamientos forzados debido al vencimiento de un plazo en el añejo conflicto agrario que comparten ambas entidades.

Redacción El Vespertino
Foto: aristeguinoticias.com

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas emitió una alerta ante el inminente riesgo de desalojos y enfrentamientos en la zona limítrofe con Oaxaca. Este viernes vence el plazo que marca un nuevo episodio de tensión en un conflicto agrario que persiste desde 1967, afectando la estabilidad y seguridad de los habitantes de la región.

El organismo defensor ha solicitado a las autoridades federales y estatales implementar medidas cautelares para proteger a las familias asentadas en los predios en disputa. La preocupación principal radica en que el vencimiento del plazo podría derivar en acciones de fuerza por parte de grupos civiles o autoridades locales, agravando la crisis humanitaria en las comunidades rurales.

Desde hace décadas, la falta de una resolución definitiva sobre los límites territoriales ha generado episodios recurrentes de violencia y despojo. Los vecinos de la zona han manifestado su temor ante la posible presencia de elementos armados o el uso de maquinaria para el desalojo de tierras agrícolas y viviendas, lo cual rompería la frágil calma que se mantenía en los últimos meses.

La SEGOB, en coordinación con las autoridades estatales de Chiapas y Oaxaca, mantiene canales de comunicación abiertos para evitar una escalada de violencia. Se espera que las fuerzas de seguridad, incluyendo a la Guardia Nacional, establezcan protocolos de vigilancia para inhibir cualquier acto que vulnere la integridad física de los pobladores involucrados en el litigio agrario.

Por su parte, las organizaciones agrarias han solicitado la intervención inmediata de las instancias federales para establecer mesas de diálogo permanentes. La resolución de este conflicto requiere de una intervención integral que contemple tanto la certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra como el bienestar social de las familias que dependen de estos terrenos para su subsistencia.

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