Becas Benito Juárez son utilizadas principalmente para alimentación, advierte el Coneval
El Coneval señala que las transferencias directas del programa educativo se destinan al gasto corriente familiar en lugar de insumos escolares.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha publicado un análisis donde advierte que los apoyos económicos del Programa de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez no están logrando incidir directamente en la mejora del rendimiento académico en México. Según el organismo, las familias beneficiarias en situación de vulnerabilidad priorizan el uso de estos recursos para la compra de alimentos y el pago de servicios básicos, antes que para gastos relacionados con el fortalecimiento educativo de los menores.
Aunque el programa fue diseñado por el Gobierno Federal con el objetivo de reducir la deserción escolar en zonas de alta marginación, los datos cualitativos sugieren que la precariedad económica obliga a los padres de familia a redirigir los fondos hacia la subsistencia diaria. Esta dinámica plantea un reto para la Secretaría de Educación Pública (SEP), toda vez que el subsidio, al integrarse al ingreso familiar total, pierde su enfoque específico de inversión pedagógica o de materiales didácticos.
Especialistas consultados en el marco de este reporte indican que, si bien el apoyo representa un alivio financiero necesario para los hogares mexicanos, la ausencia de un impacto medible en el nivel educativo refleja la complejidad de la pobreza en el país. El Coneval enfatiza que, sin una estrategia complementaria que fortalezca la infraestructura escolar y la capacitación docente, la transferencia de efectivo por sí sola no garantiza un avance en el aprovechamiento académico de los estudiantes de educación básica.
Ante este panorama, el debate sobre la eficacia de las transferencias monetarias directas frente a los programas de servicios educativos continúa abierto en el Congreso de la Unión. Mientras el Ejecutivo Federal defiende la entrega de apoyos como una medida de justicia social, diversos sectores de la sociedad civil instan a realizar una revisión profunda sobre cómo maximizar el impacto de estos recursos para que cumplan con su propósito original de fomentar la permanencia y calidad en el sistema educativo nacional.
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