Colectivos exigen aplicar el artículo 34 ante crisis de desapariciones

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familias de personas desaparecidas presentaron una propuesta formal ante las autoridades federales para implementar plenamente el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este llamado surge en un contexto crítico, donde las cifras oficiales registran más de 135 mil personas en calidad de desaparecidas en el territorio nacional, además de un rezago forense que mantiene a más de 72 mil restos humanos sin identificar en diversas fiscalías estatales y centros de resguardo.

La propuesta busca que el Estado mexicano intensifique la colaboración con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, facilitando el intercambio de información técnica y el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda bajo estándares internacionales. Los representantes de las familias argumentan que la aplicación estricta de este artículo permitiría estandarizar los protocolos de búsqueda y localización, garantizando que el derecho a la verdad y a la justicia prevalezca sobre las limitaciones institucionales actuales.

Entre los puntos clave de la iniciativa, los colectivos sugieren la creación de un sistema nacional de gestión de información forense que sea compatible con los estándares internacionales exigidos por la Convención. Asimismo, solicitan que las instituciones responsables, incluyendo la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación, establezcan mesas de trabajo permanentes con expertos independientes para supervisar el avance en la identificación humana y la búsqueda en campo.

Las organizaciones enfatizan que la crisis actual requiere una respuesta integral que trascienda las capacidades locales, integrando apoyo técnico especializado que permita procesar el volumen acumulado de restos humanos. El objetivo es reducir la incertidumbre de miles de familias que, ante la falta de resultados, han buscado la intervención de organismos internacionales para presionar por políticas públicas más eficaces en materia de localización y atención a víctimas.

Finalmente, los colectivos hicieron un llamado al Congreso de la Unión para revisar los presupuestos asignados a las instituciones de búsqueda y servicios periciales, asegurando que cuenten con los recursos necesarios para cumplir con los compromisos internacionales de México. La propuesta permanece bajo análisis mientras las familias continúan con sus brigadas de búsqueda en distintas regiones del país, esperando que el cumplimiento del marco jurídico internacional brinde la certeza que hasta ahora ha sido esquiva.