Comisión Permanente concluye periodo sin dictaminar crisis de seguridad en Sinaloa
El órgano legislativo finalizó sus sesiones sin abordar las iniciativas sobre la violencia en Sinaloa ni los procesos de extradición pendientes.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión concluyó este lunes su periodo de trabajo sin haber dictaminado las 10 iniciativas presentadas por la oposición para atender la crisis de seguridad que persiste en Sinaloa. A pesar de los señalamientos sobre el deterioro de las condiciones sociales en la entidad, el órgano legislativo evitó pronunciarse sobre las propuestas de intervención y el estado de las solicitudes de extradición recibidas por las autoridades federales.
Durante las sesiones, diversos legisladores de oposición manifestaron su preocupación por la falta de una estrategia integral frente a los episodios de violencia que han afectado a diversos municipios sinaloenses. La agenda, sin embargo, se mantuvo centrada en otros temas administrativos, dejando en el archivo los puntos de acuerdo que buscaban exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General de la República a transparentar los procesos legales en curso.
La ausencia de un dictamen sobre la situación en Sinaloa ha generado críticas por parte de sectores ciudadanos y organizaciones civiles que demandan mayor claridad sobre la colaboración internacional en materia de justicia. Según lo discutido en tribuna por los grupos parlamentarios, el bloqueo institucional responde a una diferencia de criterios sobre la urgencia y la competencia del Legislativo para intervenir en asuntos de seguridad pública.
Por su parte, el equipo de comunicación de la mayoría parlamentaria ha señalado que los mecanismos de cooperación internacional y las estrategias de seguridad en las entidades federativas son competencia directa del Poder Ejecutivo. Insistieron en que los canales de comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía permanecen abiertos conforme a los protocolos diplomáticos y judiciales vigentes, sin necesidad de una intervención legislativa extraordinaria.
Ante el cierre de este periodo, queda pendiente la resolución de las solicitudes de extradición que han sido vinculadas por la opinión pública con los recientes acontecimientos en el noroeste del país. Mientras tanto, la población en Sinaloa continúa reportando afectaciones en la vida cotidiana, esperando que las autoridades federales refuercen la coordinación para garantizar la estabilidad en la región durante los próximos meses.
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