Gobierno federal reporta ahorro de 83.8 mil millones de pesos mediante combate a corrupción

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles 23 de septiembre de 2026, el Gobierno de México presentó un balance sobre las acciones de integridad y vigilancia en el ejercicio del gasto público. El informe técnico detalla que las estrategias de fiscalización y combate a la corrupción permitieron proteger 83.8 mil millones de pesos del erario federal, cifra equivalente a aproximadamente 4.84 mil millones de dólares, destinados al fortalecimiento de los programas sociales y obras de infraestructura prioritaria.

El equipo de comunicación presidencial destacó que estas medidas han logrado un nivel de cumplimiento del 97.7 por ciento en los protocolos de transparencia dentro de la administración pública federal. Estos resultados, según la exposición presentada en Palacio Nacional, son producto de una coordinación estrecha entre la Secretaría de la Función Pública y las unidades de control interno de las diversas Secretarías de Estado, enfocándose en la digitalización de los procesos de licitación y la fiscalización constante de los contratos gubernamentales.

En cuanto a las proyecciones para el cierre del ejercicio fiscal 2026, el Gobierno federal subrayó que se mantendrá la política de austeridad republicana con el objetivo de optimizar los recursos sin afectar la operatividad de las instituciones. Se tiene previsto que las auditorías se intensifiquen en áreas estratégicas del sector energético y de infraestructura para garantizar que los ahorros obtenidos se reinviertan en el bienestar social y la consolidación de proyectos de desarrollo regional.

Finalmente, la administración central reiteró su compromiso de continuar con el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas, permitiendo que la ciudadanía acceda a información clara sobre el uso de los recursos públicos. El Ejecutivo sostuvo que la política de integridad no solo busca la eficiencia financiera, sino también recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones del Estado mexicano, estableciendo bases sólidas para el ejercicio de un gobierno responsable y transparente.